Anales de derecho 2017, V. 35, N. 1
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- PublicationOpen AccessEl juicio ejecutivo en el siglo XVIII como instrumento en la protección de tráfico económico: estudio del pleito entre Antonio Fontes y el Platero Antonio Morote en 1784(2017-07-31) Quesada López, Pedro Manuel; García Zapata, Ignacio JoséSe analiza el juicio ejecutivo iniciado por el vecino de Murcia Antonio Fontes y Paz contra el platero Antonio Morote en 1784, demandado por el incumplimiento del encargo de confección y modificación de unos platos de plata. En sede de oposición Morote alega su enfermedad como causa del incumplimiento de su labor, y ya en curso, el apremio de los bienes embargados el perjuicio grave por el impedimento de continuar con el desarrollo habitual de su oficio. Las actuaciones del juzgador reconduciendo el pleito por la vía del juicio ejecutivo en pos de la tutela rápida del crédito en el tráfico económico por el ciudadano resulta un interesante antecedente de la protección en materia de consumo.
- PublicationOpen AccessRecensión de la obra: Pérez-Luño Robledo, E.C. "El procedimiento de habeas data. El derecho procesal ante las nuevas tecnologías". Editorial Dykinson, Madrid, 2017, 333 páginas (ISBN: 978-84-9148-213-0)(2017-07-31) Quesada López, Pedro ManuelEn trabajo es una recensión a la obra "El procedimiento de habeas data: el Derecho procesal ante las nuevas tecnologías ", de Enrique César Pérez-Luño Robledo, Profesor Doctor de Derecho procesal de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Loyola Andalucía, recientemente publicada (2017) por la Editorial Dykinson.
- PublicationOpen AccessAnálisis doctrinal y jurisprudencial del artículo 76 del Código Penal(2017-07-31) Muñoz Ruiz, JosefaLos efectos perniciosos de la acumulación absoluta de penas en el caso de concurso de delitos exigen de factores de corrección atendiendo a los límites temporales de la propia vida y al fin de reinserción social que inspiran las penas privativas de libertad. Conforme a ello, el presente estudio tiene por objeto analizar el fundamento y alcance de la acumulación jurídica atendiendo, fundamentalmente, a la más reciente doctrina jurisprudencial y al Acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 febrero de 2016, en el que se unifica la interpretación del artículo 76 del Código Penal, en su redacción actual.
- PublicationOpen AccessEl trabajador como sujeto infractor en materia de prevención de riesgos laborales(2017-07-31) Monerri Guillén, ConcepciónEn la relación laboral, el empresario no es el único que por acción u omisión puede incumplir las prevenciones establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Como en todo contrato bilateral, la otra parte de la relación laboral, el trabajador, está sujeto a determinados deberes que inexcusablemente deberá observar, dichos deberes oscilan entre usar adecuadamente la maquinaría que está a su cargo, hasta obedecer cualquier orden que emane del empresario (si bien con matices), debiendo tener, un comportamiento correcto, ya que en caso contrario podrá ser sancionado.
- PublicationOpen AccessLas coacciones expresivas en la Universidad Pública estadounidense(2017-07-31) Triano López, ManuelEste trabajo analiza hasta qué punto un estudiante en el sistema público de enseñanza universitaria en los Estados Unidos puede persuadir a los tribunales de que su institución ha violado su derecho constitucional a la libertad de expresión al forzarle a adoptar un punto de vista con el que no está de acuerdo mientras realizaba una actividad curricular. Aunque el Tribunal Supremo del país ha mostrado permisividad hacia las instituciones públicas de enseñanza que restricciones en las expresiones de sus estudiantes obedecen solamente a motivos pedagógicos legítimos, también ha dictaminado que el gobierno no puede forzar a sus ciudadanos a adoptar los puntos de vista favorecidos por el gobierno. Este trabajo analiza la dinámica entre estos dos estándares en la educación universitaria. Las conclusiones muestran que a falta de un dictamen firme por parte del Tribunal Supremo, los tribunales de rango inferior tienden a aplicar el estándar más permisivo para la universidad, excepto cuando la razón pedagógica alegada por la institución para forzar a un estudiante a expresar ciertos puntos de vista como requisito para completar una actividad curricular esconde una aversión personal contra las opiniones del estudiante.