La representación unitaria de los trabajadores y la sucesión de empresa : especial referencia a la transmisión de contratas en las administraciones públicas

Abstract

El Ordenamiento laboral otorga a quienes ostentan la figura de la representación de los trabajadores en la empresa diversas funciones y competencias, a fin de salvaguardar los intereses de los trabajadores representados frente al empresario. Trabajadores que en el ámbito de estudio del presente trabajo se encuadran dentro de una organización productiva y autónoma descentralizada, denominada contrata pública. Un instituto de sucinta regulación, y que por el contrario ha tenido un crecimiento inmenso a lo largo y ancho de nuestro país, pudiendo ser varias decenas de miles de trabajadores los que prestan servicio bajo esta modalidad de subcontratación pública. La contrata pública se caracteriza por la adjudicación de un servicio –o encargo- a un tercero, para que éste lo ejecute según los términos pactados, sometida a las reglas de contratación pública, de las que se extraen que toda concesión es temporal, de modo que cuando termina la vigencia de una contrata, la Administración emprende el proceso de licitación, en el que un nuevo tercero – empresario- podrá ser el nuevo titular de la misma, provocando una transmisión de contratas con todos los efectos legales y laborales sobre los trabajadores adscritos a la misma. Los efectos jurídico-laborales sobre los derechos de los trabajadores – incluyendo los de representación- en estos escenarios de transmisión de contratas públicas y de cambio de empresario pueden ser bien distintos, en función de que el sometimiento en las reglas de sucesión, y sobre todo en lo que respecta a las clausulas subrogatorias de los mismos, sea legal, convencional o contractual.

Labour law confers several functions and competencies to those who hold workers’ representative figures regarding the company, with the purpose of preserving the interests of the represented employees towards the employer; employees who, concerning the approach of this work, are framed up within a productive and autonomous decentralized organization, named as public procurement. This is a succinctly regulated institution, even though having a huge growth all around our country and probably employing several tens of thousands workers under this public contracting mode. Public procurement is featured by the award of a service- or request- to a third party, so this last one can execute it under the agreed terms, subject to public procurement rules, from which it is extracted that every award is only temporal, in that way that, whenever the validity of the procurement expires, public Administration starts the bidding process, through which a new third party- employer- will be eligible to be the new holder of this service, provoking a transmission of the procurements with all the legal and labour effects over the previously employed workers. Legal and labour effects over the workers’ rights – including representative ones-, within this scenario of public procurement transmission and employer change, can be truly different, in accordance with the subjugation to the transmission rules, with especial remark respect to the surrogacy clause of these ones, being whether legal, conventional or contractual.