Las limitaciones a la extinción de contratos de trabajo y la cláusula de salvaguarda del empleo en la legislación social anticovid

Abstract

La situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 y el estado de alarma como herramienta jurídico política activada para frenar la propagación de la enfermedad, han sido el detonante de un reguero de medidas de muy diverso linaje promovidas por el Gobierno para gestionar y mitigar tanto el devastador impacto sanitario de la pandemia como la gravísima crisis social y económica resultante de la misma, cuyos efectos perdurarán más allá de la superación de la crisis sanitaria. Entre esa batería de medidas, sobresalen los expedientes temporales de regulación de empleo, mecanismos de flexibilidad interna incentivados económicamente desde el poder público, hasta límites nunca antes vistos, para preservar el tejido productivo y, por ende, el empleo en un contexto de riesgo real de cierre de empresas y destrucción de puestos de trabajo. Para reforzar la eficacia de esta apuesta institucional por la preservación del empleo en tiempos de pandemia, se han adoptado otros dos instrumentos complementarios: la denominada «prohibición de despedir» por causa COVID y el compromiso de mantenimiento del empleo tras las salida de un ERTE por causas relacionadas con la situación pandémica, cuyo contenido y alcance no se encuentran completamente perfilados en las disposiciones que los alojan, lo que los convierte en fuente de conflictos, no solo durante su vigencia efectiva sino también, previsiblemente, tras su finalización. El propósito de este ensayo es ofrecer las claves que permitan conocer el ámbito de aplicación de tales medidas, las obligaciones reales que comportan para las empresas y las consecuencias que precipita su contravención.