Consecuencias del nuevo escenario político en la actividad legislativa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Abstract

Tras las elecciones autonómicas de 2015, el desencuentro ParlamentoGobierno, o más exactamente, entre la oposición parlamentaria al Gobierno y éste y su mayoría, se ha convertido en el denominador común de la actividad legislativa de la Región de Murcia. De un lado, el Ejecutivo regional encuentra serias dificultades para sacar adelante sus iniciativas legislativas, a la vez que asiste resignado a un espectacular aumento tanto del número como del porcentaje de éxito de las iniciativas legislativas de la oposición. De otro lado, ese mismo Gobierno hace ahora un profuso empleo de su potestad para vetar las proposiciones de ley financieras presentadas por la oposición, capacidad de veto que, sin embargo, está siendo contestada por la Cámara autonómica cuando no la considera suficientemente justificada. Asimismo, el actual panorama parlamentario regional ha traído consigo un tímido crecimiento de la labor de control parlamentario de los Decretos-leyes, y ello a pesar de que, en contra de lo que cabía esperar, el abuso de este tipo normativo ha alcanzado, también en la Región de Murcia, proporciones alarmantes. Por otra parte, la facultad que el artículo 87.2 CE reconoce a la Asamblea murciana para estimular la iniciativa legislativa del Gobierno de la Nación, lejos de situarse en el terreno de la colaboración entre instituciones en aras de una mejor integración política, ha sido actuada como mecanismo de oposición política. En fin, la devastadora crisis económica y los diversos escándalos de corrupción arrasaron la confianza de la ciudadanía en las instituciones representativas y de gobierno, desafección que se tradujo en una demanda de regeneración democrática que incluía la necesidad de reformar aspectos esenciales respectivo sistema electoral. El paradigma de esta tendencia lo encontramos en la Comunidad Autónoma de Murcia, donde el pacto entre Ciudadanos y PP para investir a un presidente popular incluyó una reforma de la ley electoral que, al rebajar la barrera electoral del 5 % al 3 % y reducir las cinco circunscripciones a una única circunscripción, introduce una mayor proporcionalidad cuyos efectos se dejarán notar en el sistema de partidos regional a partir de las elecciones autonómicas de 2019. --------------------

After the regional elections of 2015, the Parliament-Government disagreement, or more exactly, between the parliamentary opposition to the Government and this and its majority, has become the common denominator of the legislative activity of the Region of Murcia. On the one hand, the regional Government finds serious difficulties in moving forward with his legislative initiatives, while at the same time attending resigned to a spectacular increase in both the number and percentage of success of the legislative initiatives of the opposition. On the other hand, that same Government now makes a profuse use of its power to veto the financial