La negociación eficiente también tiene un coste

Abstract

El acceso a la Justicia está condicionado, en gran medida, por los costos que debe asumir quien decide litigar para defender sus derechos. Garantizar la tutela judicial efectiva no implica solo un sistema judicial eficiente, sino también abordar la financiación de los gastos razonables asociados a los procesos. Aunque el derecho a litigar gratuitamente suele limitarse a quienes carecen de recursos, esta cobertura resulta insuficiente, como lo demuestra el auge de sistemas alternativos de financiación, como la intervención de terceros. Sin embargo, estos mecanismos suelen depender de la probabilidad de éxito del caso, lo que introduce desigualdades y riesgos.

Cuando el resultado del litigio es favorable, surgen preguntas fundamentales: ¿por qué no se garantiza siempre el reembolso de los costos afrontados? ¿Hasta qué punto se busca trasladar el peso económico de la Justicia del Estado a los ciudadanos? Esta preocupación del legislador también se refleja en el impulso de métodos alternativos de resolución de conflictos, cuyo costo e incertidumbre podrían llevar a las partes a renunciar a sus derechos.

Actualmente, el régimen legal de la financiación de la Justicia, los estándares europeos, la discrecionalidad judicial, y mecanismos como la asistencia gratuita, la financiación por terceros y los seguros, están en revisión. Este texto examina el estado actual de la financiación de la Justicia y los gastos procesales, planteando una reflexión crítica sobre las nuevas tendencias. Estas, aunque prometen avances, también cuestionan principios consolidados y presentan desafíos que podrían comprometer la garantía de la tutela judicial efectiva.