Discriminación por embarazo

Abstract

La protección de la salud de las madres trabajadoras es una seña de identidad del Derecho del Trabajo. Desde los albores de la legislación social hasta el momento actual se ha protegido la salud de las madres trabajadoras, lo cual seguirá siendo así mientras exista una legislación que se quiera considerar social. Ya la Declaración sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras de 1975, emitida por la Conferencia General de la OIT, indicaba que: “No se practicará discriminación alguna contra las trabajadoras por razón de embarazo o parto, y las mujeres encintas estarán protegidas contra todo despido por razón de su condición durante todo el período de embarazo y de licencia de maternidad y tendrán el derecho de reincorporarse al empleo sin pérdida de los derechos adquiridos” . Hace unas décadas, la discriminación por hechos biológicos vinculados a la maternidad (embarazo, parto o lactancia natural) no era considerada ni discriminación ni sexista, y su consideración como tal fue lenta, e incluso tortuosa a la vista de los argumentos manejados para desbrozar el camino, tanto en los Estados Unidos de América como en los países miembros de la UE . La discriminación por maternidad se ha consolidado legalmente en España, gracias a la jurisprudencia comunitaria de la UE, y gracias a la jurisprudencia constitucional española. El camino recorrido en los más de diez años que separan el momento actual de la entrada en escena de la Ley 3/2007 arrojan como resultado un entramado jurisprudencial, que por su variedad y número, permite aventurarse a decir que la interpretación jurisprudencial a veces fuerza la letra de la norma. Desde la literalidad de la norma, cabe preguntarse si la discriminación por embarazo está lo suficientemente protegida, a pesar de contar, a veces, con un heterogéneo y desordenado conjunto de derechos. Materia ésta íntimamente relacionada con valores constitucionales esenciales, con desajustes denunciados por la doctrina pero todavía no corregidos por el legislador. De la lectura de la doctrina jurisprudencial, observaremos que temas centrales de la materia se hallan en permanente estado de debate. Téngase presente que la dicción de la norma puede ser leída de forma que concede espacio suficiente a interpretaciones a veces contradictorias. Y nos atrevemos a decir que cuesta creer que el legislador no encuentre momento adecuado para corregir las posibles disparidades existentes.