El concierto educativo como instrumento de garantía de la libertad de enseñanza

Abstract

El sistema educativo diseñado por nuestra Constitución es un sistema plural, integrado por centros públicos y privados que imparten la enseñanza obligatoria en régimen de gratuidad, con el fin de que los padres puedan elegir, en libertad e igualdad de oportunidades, el modelo de educación que desean para sus hijos. Para hacer efectiva la elección de los padres, la Constitución se ha preocupado de garantizar pluralismo educativo a través del reconocimiento a personas físicas y jurídicas del derecho de creación de centros privados, que implica para sus titulares su derecho de dirección y de dotación de ideario educativo e incorporando un mandato de ayudar a los centros que cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Este deber de ayuda se materializa, a día de hoy en el concierto educativo que se trata de un contrato cuyas prestaciones principales consisten en que la Administración dota a los titulares de centros privados de fondos públicos para su sostenimiento a cambio de que éstos ofrezcan de forma gratuita las enseñanzas objeto del concierto. El objetivo de esta tesis consiste en analizar la figura del concierto educativo con el fin de comprobar si garantiza la libertad de enseñanza de los padres, si les permite elegir en libertad la educación de sus hijos así como si se respeta la libertad de enseñanza del titular del centro, si la suscripción del concierto respeta o limita su derecho de dirección y si el módulo de conciertos resulta suficiente para garantizar la gratuidad de la enseñanza. Ante las limitaciones y deficiencias detectadas en la figura del concierto educativo se plantean propuestas de mejora o de lege ferenda. La metodología seguida ha sido el análisis y comparativa de normativa, estudio de doctrina y jurisprudencia al respecto encontrándonos, a menudo, con muchas dificultades pues en múltiples aspectos no hay unidad doctrinal, la jurisprudencia es contradictoria siendo además frecuente la interposición de recursos de inconstitucionalidad cada vez que se aprueba una nueva ley educativa. De hecho, como se verá, ha resultado fundamental en educación la labor pacificadora que el Tribunal Constitucional ha llevado a cabo. Tras un estudio detallado podemos concluir que el concierto educativo garantiza la libertad de enseñanza de los padres pues les permite elegir, en libertad e igualdad de oportunidades, el modelo de educación que desean para sus hijos. Sin perjuicio de lo anterior a lo largo de esta tesis se ponen de manifiesto las limitaciones en la elección con las que se encuentran los padres derivadas del concierto educativo, así uno de los problemas que se plantea es que algunas convocatorias de ayudas tan importantes como el transporte, comedor o los auxiliares de conversación, en algunas CCAA, tan solo van dirigidas a alumnos escolarizados en centros públicos lo cual vulnera el principio de igualdad y de pluralismo educativo, discriminando a alumnos escolarizados en centros concertados por razón del centro elegido por sus padres. Otro aspecto que puede condicionar la libertad de los padres a la hora de elegir centro educativo depende de la puntuación que otorguen las distintas Administraciones educativas a los criterios de admisión de alumnos ya que la gran mayoría da una puntuación muy alta al criterio de proximidad domiciliaria o laboral convirtiéndolo en determinante, dicha circunstancia hace que la zonificación tenga una gran incidencia a la hora de elegir porque si es excesiva limita mucho la elección de los padres que solo podrán elegir los centros de una zona concreta. Otra posible limitación se produce con la denegación o reducción de un concierto por tratarse de un centro de educación diferenciada. Con el máximo respeto no estamos de acuerdo con la última jurisprudencia del TC que ha considerado legítima la exclusión de financiación a los centros que separan por sexos, creemos que no puede ser discrecional para el legislador el decidir qué modelo excluir de financiación por considerarlo menos correcto incluso por razones políticas o ideológicas a pesar de tratarse de un modelo constitucional, entendemos que el artículo 27.9 CE debe garantizar el pluralismo educativo que permita a las familias elegir en libertad ayudando a los distintos modelos educativos que cumpliendo los requisitos de acceso al concierto opten por un modelo constitucional lo contrario supondrá que solo podrán elegir educación diferenciada las familias con recursos económicos pues lo paradójico es que no se prohíbe el modelo en sí sino su acceso a financiación pública. Desde el punto de vista del titular del centro privado el concierto también garantiza su libertad de enseñanza pues le permite ofrecer la enseñanza que imparte, con un ideario concreto, con una orientación determinada, en condiciones de gratuidad permitiendo a los padres elegir el modelo de educación que desean para sus hijos sin discriminación económica. No obstante lo anterior la suscripción del concierto supone para su titular limitaciones en su derecho de dirección y su asimilación en muchos aspectos a centros públicos a lo que se une la insuficiencia económica del módulo de conciertos que no garantiza la gratuidad de la enseñanza y sin embargo a él si se le prohíbe cobrar cantidad alguna a las familias por la impartición de las enseñanzas objeto del concierto, lo cual resulta una carga desproporcionada. Sin perjuicio de lo anterior, y a pesar de sus deficiencias, podemos concluir que el concierto, analizadas también otras fórmulas de financiación, es el mejor instrumento para garantizar la libertad de enseñanza del titular del centro y de los padres.

The educational system designed by our Constitution is a plural system, made up of public and private centers that provide compulsory education free of charge, so that parents can choose, in freedom and equal opportunities, the education model that they they want for their children. To make parental choice effective, the Constitution has been concerned with guaranteeing educational pluralism through the recognition of natural and legal persons of the right to create private centers, which implies for their owners their right to direction and provision of educational ideology. and incorporating a mandate to help centers that meet the requirements established in the Law. This duty to help is materialized, today, in the educational agreement, which is a contract whose main benefits consist of the Administration providing the holders of private centers with public funds for their support in exchange for them offering the teachings that are the subject of the concert for free. The objective of this thesis is to analyze the figure of the educational agreement in order to verify if it guarantees the freedom of education of parents, if it allows them to freely choose the education of their children as well as if the freedom of education of the owner is respected. of the center, if the subscription to the concert respects or limits its right of direction and if the concert module is sufficient to guarantee free teaching. Given the limitations and deficiencies detected in the figure of the educational concert, proposals for improvement or lege ferenda are proposed. The methodology followed has been the analysis and comparison of regulations, study of doctrine and jurisprudence in this regard, often finding ourselves with many difficulties because in many aspects there is no doctrinal unity, the jurisprudence is contradictory and the filing of unconstitutionality appeals is also common every time. every time a new educational law is approved. In fact, as will be seen, the pacifying work that the Constitutional Court has carried out has been fundamental in education. After a detailed study we can conclude that the educational agreement guarantees the freedom of education for parents as it allows them to choose, with freedom and equal opportunities, the education model they want for their children. Without prejudice to the above, throughout this thesis the limitations in the choice that parents find themselves with derived from the educational agreement are revealed, thus one of the problems that arises is that some calls for aid as important as the transportation, dining room or conversation assistants, in some Autonomous Communities, are only aimed at students enrolled in public centers, which violates the principle of equality and educational pluralism, discriminating against students enrolled in subsidized centers based on the center chosen by their parents. Another aspect that can condition the freedom of parents when choosing an educational center depends on the score given by the different educational administrations to the student admission criteria, since the vast majority give a very high score to the criterion of home proximity or labor, making it a determining factor, this circumstance means that zoning has a great impact when choosing because if it is excessive it greatly limits the choice of parents who will only be able to choose the centers in a specific area. Another possible limitation occurs with the denial or reduction of a concert because it is a differentiated education center. With the utmost respect, we do not agree with the latest jurisprudence of the TC that has considered legitimate the exclusion from financing of centers that separate by sex. We believe that it cannot be discretionary for the legislator to decide which model to exclude from financing because it is considered less correct. Even for political or ideological reasons, despite being a constitutional model, we understand that article 27.9 CE must guarantee educational pluralism that allows families to choose freely, helping the different educational models that, in compliance with the requirements for access to the concert, choose to A constitutional model, on the contrary, will mean that only families with economic resources will be able to choose differentiated education, since the paradox is that it is not the model itself that is prohibited, but rather its access to public financing. From the point of view of the owner of the private center, the concert also guarantees his freedom of teaching as it allows him to offer the teaching he provides, with a specific ideology, with a specific orientation, under free conditions, allowing parents to choose the education model. what they want for their children without economic discrimination. Notwithstanding the above, the subscription to the concert implies for its holder limitations on its right of direction and its assimilation in many aspects to public centers, to which is added the economic insufficiency of the concert module that does not guarantee free teaching and yet He is prohibited from charging any amount to the families for the delivery of the lessons that are the subject of the agreement, which results in a disproportionate burden. Without prejudice to the above, and despite its deficiencies, we can conclude that the concert, also analyzing other financing formulas, is the best instrument to guarantee the freedom of education of the owner of the center and the parents.