Centros especiales de empleo : marco jurídico y políticas públicas. Especial referencia a la Región de Murcia

Abstract

Principales objetivos: Analizar la legislación aplicable a estos centros especiales de empleo desde que se crearon y los programas de protección social que los regulan. Estudiar las diferentes condiciones de acceso al empleo de las personas con discapacidad en comparación con las personas sin discapacidad y cuáles son sus necesidades específicas para la integración laboral. Realizar un análisis de las políticas de responsabilidad social empresarial con el objetivo de describir el marco legal y político que en la actualidad puede contribuir a mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los centros especiales de empleo mediante acuerdos empresa-CEE. Metodología de investigación: Además del estudio y exégesis de la legislación de referencia, así como de su interpretación jurisprudencial y doctrinal, para el desarrollo de la investigación se ha seguido una metodología cualitativa basada en la recogida de información de diversas fuentes oficiales y no oficiales, con la participación de expertos provenientes de diferentes ámbitos del sector de la discapacidad, tanto física como mental e intelectual. Es ésta una metodología de tipo descriptiva e interpretativa que se complementa con entrevistas y cuestionarios a las personas que, implicadas como directores de los centros especiales de empleo, tanto de iniciativa social como empresarial, de la Región de Murcia, así como expertos y representantes de la administración pública. Principales conclusiones: Proponemos un nuevo modelo basado en la igualdad, que supere la intervención exclusiva del Estado y se centre en los ciudadanos y en su concepción de la discapacidad. Deben ser medidas y acciones en aras de la búsqueda de una igualdad, real y efectiva. Se ha de aplaudir como el desarrollo legislativo en España ha tenido esa vocación para integrar las necesidades particulares de las personas con discapacidad en una sociedad que demanda igualdad en el empleo. Los Centros Especiales de Empleo se han consolidado como un sector atractivo para la empleabilidad de personas con discapacidad, más aún para las empresas que contratan con ellos por sus bajos costes. Actualmente dan empleo a un número elevado de trabajadores, cuestión que no estaba prevista en la redacción de la LISMI, pero que ha tenido una gran aceptación, convirtiendo a los CEE en una herramienta clave para la creación de empleo y la inclusión de este colectivo a nivel social y laboral. El empleo ordinario es el principal objetivo y para ello figuras como los Centros Especiales de Empleo debían ser facilitadores para alcanzar ese empleo, pero en la actualidad se han convertido en grandes áreas de empleo protegido cuestión que no estaba prevista. Su vocación social es clara, ya que persiguen la integración social a través de la propia inserción laboral, pero a la vez han tomado como parte del empleo protegido determinados trabajos que deberían realizarse a través del empleo ordinario, por lo que vemos que en este sentido la idea del legislador ha fallado, ya que el tránsito a la empresa ordinaria no se ha producido como se esperaba. El uso de los enclaves laborales no ha sido el adecuado, ya que el propósito era integrar progresivamente a estos trabajadores en el empleo ordinario, pero, de manera contraria, lo que ha supuesto es que las empresas contraten estos servicios de manera externa lo que les permite dar cumplimiento a la normativa en materia de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Otra de las herramientas que se consideran más útiles para la integración laboral de las personas con discapacidad es la reserva de contratos en el sector público, establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Creemos firmemente que la reserva de contratos es una opción positiva y que puede ser una alternativa adecuada, siempre y cuando consiga que estos trabajadores tengan la posibilidad de conseguir en el futuro un empleo ordinario y con mayor cualificación. Una contratación responsable a través de los Centros Especiales de Empleo es positiva ya que garantiza la calidad y competitividad de productos y servicios que se ofertan y genera una colaboración estratégica en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa porque se crean nuevas oportunidades de empleo y se incorpora talento. Está pendiente el adecuado desarrollo normativo de los Equipos Multidisciplinares. Las Unidades de Valoración Médica de Incapacidades, UVMI, ya no existen y sus funciones han sido asumidas por los Equipos de Valoración de Incapacidades, EVI, que asumen las funciones de los EEMM. Tal y como ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo, los trabajadores con discapacidad de estos centros especiales de empleo se enfrentan al desagravio no de poder acogerse al convenio colectivo del sector en el que trabajan sino al convenio aplicable a los CEE. Además, sería positivo para la mejor asignación de una categoría profesional a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de estas empresas que se desarrollen nuevas categorías en el próximo convenio colectivo. La discapacidad intelectual en España sigue siendo un gran reto para las políticas sociales de la discapacidad ya que según los datos del Tercer Sector en nuestro país son casi 300.000 personas que precisan mucho apoyo para conseguir una adecuada formación que les permita acceder a un empleo. Es imprescindible hacer visibles las desigualdades existentes en materia de acceso, promoción y permanencia en el empleo de las personas con discapacidad, así como promover nuevas medidas para que el empleo sea realmente una herramienta para la inclusión social. El papel de las organizaciones internacionales, como la ONU, la UE y el Consejo de Europa, ha resultado fundamental para la mejora de la inclusión de las personas con discapacidad en Europa. Sin embargo, siguen existiendo importantes desafíos que requieren de un mayor compromiso por parte de los Estados.

Main objectives: To analyse the legislation applicable to these special employment centres since they were created and the social protection programmes that regulate them. To study the different conditions of access to employment for people with disabilities compared to people without disabilities and their specific needs for integration into the labour market. To carry out an analysis of corporate social responsibility policies with the aim of describing the legal and political framework that can currently contribute to improving the access of people with disabilities to special employment centres through company-CEE agreements. Research methodology: In addition to the study and exegesis of the reference legislation, as well as its jurisprudential and doctrinal interpretation, a qualitative methodology has been followed for the development of the research, based on the collection of information from various official and unofficial sources, with the participation of experts from different areas of the disability sector, both physical and mental and intellectual. This is a descriptive and interpretative methodology complemented with interviews and questionnaires to the people involved as directors of the special employment centres, both social and business initiatives, in the Region of Murcia, as well as experts and representatives of the public administration. Main conclusions: We propose a new model based on equality, which goes beyond the exclusive intervention of the State and focuses on citizens and their conception of disability. Measures and actions must be taken in the search for real and effective equality. It is to be applauded how the legislative development in Spain has had this vocation to integrate the particular needs of people with disabilities in a society that demands equality in employment. Special Employment Centres have established themselves as an attractive sector for the employability of people with disabilities, even more so for the companies that contract with them due to their low costs. They currently employ a large number of workers, an issue that was not foreseen in the drafting of the LISMI, but which has been widely accepted, making the CEEs a key tool for job creation and the inclusion of this group at a social and employment level. Ordinary employment is the main objective and for this purpose, figures such as the Special Employment Centres should be facilitators to achieve this employment, but at present they have become large areas of sheltered employment, something that was not foreseen. Their social vocation is clear, as they pursue social integration through labour insertion itself, but at the same time they have taken as part of sheltered employment certain jobs that should be carried out through ordinary employment, so we see that in this sense the legislator's idea has failed, as the transition to the ordinary company has not taken place as expected. The use of labour enclaves has not been appropriate, since the purpose was to progressively integrate these workers into regular employment, but, on the contrary, what it has meant is that companies have contracted these services externally, which allows them to comply with the regulations regarding the reservation of jobs for people with disabilities. Another of the tools considered most useful for the labour integration of people with disabilities is the reservation of contracts in the public sector, established in the fourth additional provision of Law 9/2017, on Public Sector Contracts. We firmly believe that the reservation of contracts is a positive option and that it can be a suitable alternative, as long as it ensures that these workers have the possibility of obtaining a regular and more qualified job in the future. Responsible contracting through Special Employment Centres is positive as it guarantees the quality and competitiveness of the products and services offered and generates a strategic collaboration within the framework of Corporate Social Responsibility because new employment opportunities are created and talent is incorporated. The appropriate regulatory development of the Multidisciplinary Teams is pending. The Disability Medical Assessment Units, UVMI, no longer exist and their functions have been taken over by the Disability Assessment Teams, EVI, which assume the functions of the EEMM. As the Supreme Court has shown, workers with disabilities in these special employment centres face the disadvantage of not being able to benefit from the collective agreement of the sector in which they work, but from the agreement applicable to the EWCs. Moreover, it would be positive for the better allocation of a professional category to each of the workers in these companies if new categories were to be developed in the next collective bargaining agreement. Intellectual disability in Spain continues to be a great challenge for social policies on disability since, according to data from the Third Sector in our country, there are almost 300,000 people who need a great deal of support in order to obtain adequate training to enable them to access employment. It is essential to make visible the existing inequalities in terms of access, promotion and permanence in employment for people with disabilities, as well as to promote new measures so that employment really becomes a tool for social inclusion. The role of international organizations, such as the UN, the EU and the Council of Europe, has been instrumental in improving the inclusion of people with disabilities in Europe. However, important challenges remain and require greater commitment from states.