¿Pueden los Secretarios de Ayuntamiento controlar la contratación laboral irregular en las administraciones públicas?

Abstract

En el presente trabajo se pone de manifiesto el progresivo debilitamiento que ha sufrido la figura del Secretario general de un Ayuntamiento. Esta progresiva pérdida de funciones ha implicado, entre otras cosas, dejar de ostentar el cargo de jefe de personal de la Corporación municipal, por lo que su capacidad de control de la legalidad de los procesos de contratación, se restringe sustancialmente. Se trata de un hecho que presenta mucha más importancia práctica de la que aparentemente tiene, ya que, aunque pocas veces se haya puesto de manifiesto, coincidió en el tiempo, de forma prácticamente exacta, con el exponencial incremento de las irregularidades en la contratación laboral efectuada por las Administraciones públicas que dieron lugar, en su momento, a la creación jurisprudencial de la figura del indefinido no fijo.

Por su parte, las nuevas reglas de consolidación del empleo público temporal, van a dar lugar a la estabilización de cientos de personas, en puestos de habilitados nacionales sin haber superado un proceso selectivo de carácter nacional (como exigiría el puesto que ocupan), con el riesgo que ello implica de desprofesionalizar el cuerpo, minorando su capacidad y eficacia.

This paper reveals the progressive weakening that the figure of the General Secretary of a City Council is suffering. This progressive loss of functions implies, among other things, ceasing to hold the position of chief of staff of the Municipal Corporation, so its ability to control the legality of the contracting processes is substantially restricted. This is a fact that has much more practical importance than is usually given to it, since, although it has rarely been revealed, it coincided in time, practically exactly, with the exponential increase in irregularities in the labor contracting carried out by public administrations that gave rise, at the time, to the jurisprudential creation of the figure of the indefinite non-permanent.

For their part, the new rules for the consolidation of temporary public employment will lead to the stabilization of hundreds of people, as if they were qualified nationals, without having passed a national selection process (as the position they occupy would require), with the risk that this implies of de-professionalizing the public employment, and thereby further reducing, if possible, the guarantee functions that they are called upon to perform, reducing their capacity and effectiveness.