Protección de la inversión a través de plataformas de financiación participativa

Abstract

Los escasos estudios sobre la situación jurídica del inversor a través de PFP son, en general, complacientes con la regulación presente en la Ley 5/2015. El presente estudio ofrece una visión menos conformista y aflora los notables riesgos que asume el inversor a través de este sistema de intermediación en la captación de recursos financieros. Se evidencia la infundada exclusión de las sociedades de crowdfunding del régimen general de las Empresas de Servicios de Inversión. De los arts. 61 y 81-88 de la Ley 5/2015, se deriva que los inversores a través de estas sociedades son inversores de alto riesgo y que las normas establecidas en su supuesta protección son insuficientes y, en general, ineficientes. Se sugieren, por ello, algunas vías en función de intentar reequilibrar el sistema, algunas de las cuales podrían venir establecidas por los estatutos sociales o por los contratos de financiación en cuya formación intervienen las PFP.