La carga documental de los interesados en el procedimiento administrativo: el derecho a no aportar información en el contexto de la administración electrónica

Abstract

El trabajo de investigación realizado nace de la observación de una de las paradojas más llamativas de nuestra praxis jurídico-administrativa, el incuestionable desfase que existe entre el empeño del legislador en proclamar de manera, en ocasiones contundente, el derecho que asiste a los interesados a no aportar al procedimiento documentación innecesaria o que ya obre de alguna forma en poder de las Administraciones públicas y la escasa aplicación práctica que este derecho ha alcanzado en la experiencia administrativa cotidiana.

Se trata de una anomalía que impone a los particulares una carga penosa y con frecuencia evitable que, en definitiva, entorpece el funcionamiento armónico de la relación jurídico-administrativa. El enfoque particular adoptado se centra en los problemas que plantea en la práctica la reducción de la carga documental que soportan los administrados, en la consideración de esta cuestión desde la perspectiva de la Administración electrónica, así como en el estudio de las consecuencias jurídicas de la vulneración del derecho a la no aportación documental y de los mecanismos de defensa con los que cuenta el ciudadano para responder a eventuales infracciones de este derecho.

En cuanto a la metodología empleada, la presente investigación ha descansado, obviamente, en la aplicación del método jurídico, principalmente a través del análisis de fuentes normativas y del estudio de la doctrina científica y jurisprudencial, interpretada a la luz de mi propia experiencia como empleado público. Se han buscado, además visiones complementarias procedentes de otros campos del conocimiento, tales como la tecnología, la informática o la sociología, así como de tradiciones científicas y jurídicas diversas.

Por último, las conclusiones extraídas pueden resumirse en las siguientes: la perdurabilidad de los requerimientos irregulares de aportación de información al procedimiento administrativo obedece a múltiples causas de muy diversa naturaleza y origen, como una deficiente coordinación y planificación públicas. Además, la vulneración del derecho de no aportación documental no afectará generalmente a la validez del acto si el resto de tramitación ha sido correcta, pero la conculcación de este derecho por parte del órgano tramitador no debe perjudicar al interesado que ha visto satisfecha su pretensión.

This research arises from the observation of one of the most striking paradoxes in our daily administrative practice; the unquestionable existing contradiction between the lawmakers’ determination to proclaim a citizen’s right not to provide to administrative entities unnecessary information or personal data that those bodies already own, and the scant regard shown for this right by public Administration on a daily basis.

This anomaly imposes an annoying and avoidable burden on individuals and companies that hinders the normal function of existing relationships between citizens and public Administration. The adopted approach focuses mainly on the use of information and communications technologies by administrative bodies in order to ensure compliance with the right not to provide information, the legal consequences of its infringement and the possible citizen’s defence mechanisms against potential violations of this right.

Regarding the methodology used to carry out this research, an approach based on the legal method -mainly through the analysis of different sources of law and of the legal and jurisprudential doctrine- in the light of my own experience as a public servant, has been adopted. Moreover, this work has been enriched with a broader perspective provided by other fields of knowledge, namely technology and sociology.

Finally, the main conclusions drawn from the research can be summarized as follows: the persistence of this problem stems from diverse and varied causes, such as a poor coordination and planning. Furthermore the infringement of the right not to provide information to public entities will not affect the validity of the legal act adopted if the rest of the procedure has been correctly carried out, but the consequences of this violation cannot be detrimental to individuals.