Las obligaciones empresariales para la protección de las personas trabajadoras maduras en los despidos colectivos

Abstract

La tesis ha versado sobre la incidencia que, dentro del ámbito del despido colectivo, tienen dos circunstancias que se relacionan estrechamente y que son comunes a todas las personas: la edad y el trabajo. Cuando estos dos elementos se combinan entre sí, se constata que la mayor edad es inversamente proporcional a la empleabilidad. Pese a estar circunstancia, el sostenimiento de nuestro sistema de pensiones precisa del aumento de las contribuciones y del retraso paulatino de la edad de jubilación. Han sido numerosos los estudios que han analizado el régimen jurídico del despido colectivo y los que han dado visibilidad al fenómeno del “edadismo” y a los problemas que lleva aparejados. No obstante, seguía pendiente un acercamiento que abordase de manera completa y sistematizada los distintos instrumentos jurídicos que ha ido incorporando el legislador en el régimen jurídico del despido colectivo, para proteger a las personas de edad afectadas por el mismo. Para tal fin, como método de trabajo, se ha optado por desarrollar en capítulos separados cada uno de los ejes de la investigación. En primer lugar, se ha prestado atención a la repercusión que la edad tiene en la permanencia de la persona trabajadora en nuestro mercado de trabajo y a la lucha frente a la discriminación por razón de la edad, bien mediante disposiciones legales, bien mediante la doctrina de los tribunales, incluyendo el tratamiento dispensado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para finalizar el primer capítulo, ha resultado oportuno llevar a cabo una breve aproximación a las notas esenciales del régimen jurídico del despido colectivo que pone en el contexto adecuado los siguientes bloques de la tesis. El segundo capítulo está referido a la aportación económica que deben efectuar al Tesoro Público las empresas o grupos de empresas que contabilicen beneficios y despidan a personas mayores de cincuenta años. Se trata de una institución jurídica, inicialmente creada “ad hoc” como consecuencia de la reestructuración anunciada por Telefónica en 2011, ya que ponía el foco de los afectados en las personas maduras, pero que (mediante las sucesivas reformas) ha ido ampliando su espectro. El convenio especial de Seguridad Social ha sido objeto de estudio en el capítulo tercero, donde se comparte la opinión de aquellos autores que han analizado previamente esta figura en el sentido de que encaja con dificultad en el concepto de “situación asimilada al alta” y en la noción tradicional de convenio especial. Piénsese que se trata de un medio de aseguramiento que comprende determinadas contingencias, cuyo coste comparten en fases distintas empresario y persona trabajadora, resultado de suscripción voluntaria para este último. Los requisitos a los que debe hacer frente la empresa no se agotan en las anteriores y también se basan en el respeto de la prioridad de permanencia a favor de las personas maduras que puede ser acordada mediante convenio colectivo o durante el período de consultas del despido colectivo, por un lado, y en la incorporación (como medida social que trate de reducir los efectos negativos del despido, de un plan de recolocación, por el otro. Precisamente, el capítulo cuarto estudiará de una manera crítica la regulación de ambas figuras. Como epílogo a las obligaciones descritas, el capítulo quinto se reserva para una medida que no tiene la condición de obligación propiamente dicha, pero que planea de manera incesante en todas las reestructuraciones empresariales: las prejubilaciones. En los capítulos dedicados a la aportación al Tesoro, al convenio especial de Seguridad Social y al plan de recolocación, se ha presentado una propuesta partidaria de una regulación alternativa o de introducir determinados cambios en la regulación actual de cada una de estas instituciones, a los efectos de ofrecer un tratamiento mucho más coordinado, sencillo y sistematizado. Todo ello queda recapitulado de manera mucho más armonizada en las conclusiones finales de la tesis. El enfoque metodológico se ha basado en el estudio de la doctrina más autorizada, la normativa aplicable, el derecho comparado en determinadas instituciones y en las diversas resoluciones judiciales que han arrojado luz sobre la problemática que suele envolver a las reestructuraciones laborales articuladas mediante el despido colectivo. Esta sistemática ha quedado complementada con el contacto con los responsables de implementar estas obligaciones en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección General de Empleo y con el Servicio Público de Empleo Estatal.

The dissertation has dealt with the impact of two closely related circumstances common to all people in the field of collective redundancies: age and work. When these two elements are combined, it is found that older age is inversely proportional to employability. Despite this, the sustainability of our pension system requires higher contributions and a gradual delay in the retirement age. Several studies have analysed the legal regime of collective redundancies and have focused on the phenomenon of "ageing" and the problems associated with it. However, a comprehensive and systematised approach to the different legal instruments that have been established by the legislator in the legal regime of collective dismissal in order to protect the elderly affected by it was still pending. To this end, as a working method, it has been decided to develop each of the main lines of research in separate chapters. Firstly, attention has been paid to the repercussions that age has on the permanence of the employee in our labour market and to the fight against age discrimination, either through legal provisions or through the doctrine of the Courts, including the treatment given by the Court of Justice of the European Union. To conclude the first chapter, it has been appropriate to provide a brief overview of the essential features of the legal regime of collective redundancies, which sets the following sections of the dissertation in the right context. The second chapter refers to the financial contribution to be made to the Public Treasury by companies or groups of companies that make profits and dismiss people over the age of fifty. This is a legal institution, initially created "ad hoc" as a consequence of the restructuring announced by Telefónica in 2011, as it focused on mature people, but which, through successive reforms, has been broadening its scope. The special Social Security agreement has been the subject of study in chapter three, where we share the opinion of those authors who have previously analysed this figure in the sense that it fits with difficulty into the concept of "situation assimilated to be registered in Social Security" and into the traditional notion of special agreement. It is a means of insurance covering certain contingencies, the cost of which is shared in different phases between the employer and the employee, and is voluntary for the latter. The requirements to be met by the company are not exhausted in the previous ones and are also based on the respect of the priority of permanence in favour of mature people, which can be agreed to by collective agreement or during the consultation period of the collective dismissal, on the one hand, and on the incorporation, as a social measure that tries to reduce the negative effects of the dismissal, of an outplacement plan, on the other hand. Precisely, the fourth chapter will critically study the regulation of both figures. As an epilogue to the obligations described above, the fifth chapter is reserved for a measure that does not have the status of an obligation as such, but which is an ever-present feature of all corporate restructuring: early retirement. In the chapters devoted to the contribution to the Treasury, the special Social Security agreement and the outplacement plan, a proposal has been put forward in favour of an alternative regulation or the introduction of certain changes in the current regulation of each of these institutions, in order to offer a much more coordinated, simple and systematised treatment. All of this is recapitulated in a much more harmonised way in the final conclusions of the dissertation. The methodological approach has been based on the study of the most authoritative doctrine, the applicable regulations, comparative law in certain institutions and the various court decisions that have shed light on the problems that usually surround labour restructuring through collective redundancies. This systematic approach has been complemented by contact with those responsible for implementing these obligations in the Labour and Social Security Inspectorate, the Directorate General for Employment and the State Public Employment Service.