Publication: Las entidades de economía social en la contratación pública
Authors
Dólera Sevilla, Isabel
item.page.secondaryauthor
Escuela Internacional de Doctorado
item.page.director
Sánchez Ruiz, María de las Mercedes
Publisher
Universidad de Murcia
publication.page.editor
publication.page.department
DOI
item.page.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Description
Abstract
The purpose of the research is to identify and order the different regulatory pathways specifically directed, or which may have the effect, to reconcile the principles guiding the social economy with measures that facilitate access of the entities belonging to this sector to public-administrative procurement.
The starting hypothesis of the research is that the current orientation of the Spanish regulation of public procurement, regardless of its own objectives, could be an enabling scenario for the social economy sector.
This research therefore identifies, orders and values the links between the social economy and public sector procurement. For this purpose, the Public Sector Contracts Act and the rest of the Spanish and European rules that make up the regulation applicable to public procurement are analysed.
The structure of the doctoral thesis consists of four chapters and conclusions. In the first, it develops the analysis of each type of legal entity of the social economy that is covered by Spanish legislation. The mechanisms that public procurement offers for strengthening the business fabric made up of social economy entities constitute the second and third chapter. The fourth explains that not all the entities that make up the social economy are promoted in the same way by the legislator, as it tends to give priority in this area to certain forms of employment, in particular special social employment centres and social integration enterprises.
The law on contracts in the public sector was initially inspired by the fulfilment of ideals that found their way into commercial law, an approach that also underlies the special regulation of the referred social economy entities. Nonetheless, prioritizing people over property, the LES ended the ambiguity of previous rules by promoting explicitly the promotion of those social organizations belonging to the social economy sector. In addition, the new approach proposed in the evolution of the legal regime for public contracts opens up the possibility that such entities may be awarded public administrative contracts under more favourable conditions, through the regulation of a number of its aspects, such as the fractionation of tenders through lots, the reservation of lots or entire contracts, tie-breaking criteria in the competition, access to calls and, in general, the participation and promotion of social economy entities in this field.
In conclusion, this research seeks to contribute to the knowledge and understanding of the promotion of social economy entities through public contracts. The specific legal provision for certain measures directly aimed at promoting procurement with such entities, as well as, indirectly, the admissibility of incorporating social clauses into public sector contracts and the desire to promote greater access by SMEs and micro-enterprises to this area, seem to create the right conditions for social economy entities, or at least certain types of such entities, to have the opportunity to develop and achieve their own purposes, including through contracting with public sector entities. Equality plans can also be used in public procurement as a social criterion for the award of a public contract, as a means of certifying a special social performance condition or even as grounds for prohibiting entities that lack such a plan from contracting with the public sector.
La investigación realizada tiene como objetivo determinar y ordenar las diferentes vías normativas dirigidas específicamente, o que pueden tener como efecto, conciliar los principios que orientan la economía social con un acceso más fácil de las entidades pertenecientes a este sector a la contratación público-administrativa. La hipótesis de partida de la investigación es que la orientación actual de la regulación española de la contratación pública, al margen de los objetivos que le son propios, podría constituir un escenario propicio para el sector de la economía social. Por consiguiente, la presente investigación identifica, ordena y valora los vínculos que relacionan la economía social con la contratación en el sector público. A estos fines, se analiza la Ley de Contratos del Sector Público y el resto de las normas, españolas y europeas que conforman la regulación aplicable a la contratación pública. La estructura de la tesis doctoral está integrada por cuatro capítulos y las conclusiones. En el primero desarrolla el análisis de cada tipo de entidad jurídica de economía social que recoge la legislación española. Los mecanismos que la contratación pública ofrece para el fortalecimiento del tejido empresarial compuesto por las entidades de economía social constituyen el segundo y tercer capítulo. El cuarto explica que, no todas las entidades que componen la economía social son fomentadas de la misma manera por el legislador, pues tiende a dar prioridad, en este ámbito, a determinadas modalidades, en particular los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción social. La legislación sobre contratos en el sector público se inspiró inicialmente en el cumplimiento de unos ideales que encontraron su acomodo en el Derecho mercantil, enfoque que subyace también en la regulación especial de las referenciadas entidades de economía social. Sin perjuicio de lo cual, atendiendo al interés primero de las personas y después de la propiedad, la LES acabó con la ambigüedad de normas anteriores al promover taxativamente el impulso de aquellas organizaciones sociales pertenecientes al sector de la economía social. Por otra parte, la nueva orientación que se proyecta en la evolución del régimen jurídico de los contratos públicos abre la posibilidad de que, dichas entidades puedan ser adjudicatarias de los contratos administrativos públicos bajo condiciones más favorables, gracias a la regulación de varios de sus aspectos, tales como el fraccionamiento de los concursos a través de lotes, la reserva de lotes o de contratos, el desempate de puntos en el concurso, el acceso a las convocatorias y, en general, la participación y el fomento de las entidades de la economía social en este ámbito. En conclusión, esta investigación busca contribuir al conocimiento y comprensión del fomento de las entidades de economía social a través de los contratos públicos. La previsión legal expresa de algunas medidas directamente dirigidas al fomento de la contratación con entidades de este tipo, así como, de forma indirecta, la admisibilidad de incorporar cláusulas sociales en los contratos del sector público y el deseo de favorecer un mayor acceso de las pymes y micropymes a este ámbito, parecen crear las condiciones idóneas para que las entidades de economía social, o, cuando menos, determinados tipos de estas, tengan la oportunidad de desarrollarse y alcanzar sus propios fines, entre otros medios, precisamente a través de la contratación con entidades del sector público. Asimismo, los planes de igualdad pueden usarse en la contratación pública como un criterio social para adjudicar un contrato público, como un medio para acreditar una condición especial de ejecución de carácter social, o incluso, como una prohibición de contratar con el sector público a entidades que no dispongan de uno.
La investigación realizada tiene como objetivo determinar y ordenar las diferentes vías normativas dirigidas específicamente, o que pueden tener como efecto, conciliar los principios que orientan la economía social con un acceso más fácil de las entidades pertenecientes a este sector a la contratación público-administrativa. La hipótesis de partida de la investigación es que la orientación actual de la regulación española de la contratación pública, al margen de los objetivos que le son propios, podría constituir un escenario propicio para el sector de la economía social. Por consiguiente, la presente investigación identifica, ordena y valora los vínculos que relacionan la economía social con la contratación en el sector público. A estos fines, se analiza la Ley de Contratos del Sector Público y el resto de las normas, españolas y europeas que conforman la regulación aplicable a la contratación pública. La estructura de la tesis doctoral está integrada por cuatro capítulos y las conclusiones. En el primero desarrolla el análisis de cada tipo de entidad jurídica de economía social que recoge la legislación española. Los mecanismos que la contratación pública ofrece para el fortalecimiento del tejido empresarial compuesto por las entidades de economía social constituyen el segundo y tercer capítulo. El cuarto explica que, no todas las entidades que componen la economía social son fomentadas de la misma manera por el legislador, pues tiende a dar prioridad, en este ámbito, a determinadas modalidades, en particular los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción social. La legislación sobre contratos en el sector público se inspiró inicialmente en el cumplimiento de unos ideales que encontraron su acomodo en el Derecho mercantil, enfoque que subyace también en la regulación especial de las referenciadas entidades de economía social. Sin perjuicio de lo cual, atendiendo al interés primero de las personas y después de la propiedad, la LES acabó con la ambigüedad de normas anteriores al promover taxativamente el impulso de aquellas organizaciones sociales pertenecientes al sector de la economía social. Por otra parte, la nueva orientación que se proyecta en la evolución del régimen jurídico de los contratos públicos abre la posibilidad de que, dichas entidades puedan ser adjudicatarias de los contratos administrativos públicos bajo condiciones más favorables, gracias a la regulación de varios de sus aspectos, tales como el fraccionamiento de los concursos a través de lotes, la reserva de lotes o de contratos, el desempate de puntos en el concurso, el acceso a las convocatorias y, en general, la participación y el fomento de las entidades de la economía social en este ámbito. En conclusión, esta investigación busca contribuir al conocimiento y comprensión del fomento de las entidades de economía social a través de los contratos públicos. La previsión legal expresa de algunas medidas directamente dirigidas al fomento de la contratación con entidades de este tipo, así como, de forma indirecta, la admisibilidad de incorporar cláusulas sociales en los contratos del sector público y el deseo de favorecer un mayor acceso de las pymes y micropymes a este ámbito, parecen crear las condiciones idóneas para que las entidades de economía social, o, cuando menos, determinados tipos de estas, tengan la oportunidad de desarrollarse y alcanzar sus propios fines, entre otros medios, precisamente a través de la contratación con entidades del sector público. Asimismo, los planes de igualdad pueden usarse en la contratación pública como un criterio social para adjudicar un contrato público, como un medio para acreditar una condición especial de ejecución de carácter social, o incluso, como una prohibición de contratar con el sector público a entidades que no dispongan de uno.
publication.page.subject
Citation
item.page.embargo
8-nov-2026
Collections
Ir a Estadísticas
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/