2018-04-09, García Saura, Pilar Juana, Derecho Administrativo, Font i Llovet, Tomàs, Díez Sánchez, Juan José

El capítulo se recoge en la obra titulada Ordenación jurídico-administrativa del turismo que tiene como finalidad en análisis de los retos actuales que plantea el turismo. Concretamente analizando la posición relativa de los poderes públicos y la ordenación jurídico-administrativa del municipio turístico. En el presente trabajo se analiza la tensión pública/privado en la regulación del municipio turístico donde se pone en cuestión las clásicas potestades administrativas de planificación, de intervención y control. El objetivo de este trabajo es destacar la implicación del ordenamiento turístico en la concienciación medioambiental y más concretamente de la regulación que en la figura de municipio turístico realizan las distintas comunidades autónomas. Pero, dada la gran variedad de municipios españoles con características únicas, no resulta sencillo unificar los criterios con la finalidad de diseñar un régimen común para todos ellos. Bien puede afirmarse que esta contribución representa, al menos en nuestra opinión, un progreso en la organización de un campo temático poco estructurado, hecho dificultado por la complejidad que representa el hecho de que el turismo sea una competencia autonómica.

2022-03-25, García Saura, Pilar Juana, Derecho Administrativo

El capítulo tiene por objeto el análisis de la problemática asociada a los datos de investigación en el marco de la modificación de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, operada por el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de datos abiertos y reutilización de la información del sector público. La importancia de este reciente trabajo radica en la inexistencia de publicaciones previas al respecto, lo que ha obligado a realizar una construcción jurídica en torno a una regulación breve, acometiendo su encaje en el ordenamiento jurídico, razón por la que el mismo constituye un claro avance en un campo científico poco estructurado y con una proyección científica hasta entonces inédita. La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ya apostaba por la difusión universal del conocimiento mediante un claro posicionamiento a favor de las políticas de acceso abierto a la información científica. Así, en su art. 37 exigía una medida transformadora: la previsión sobre publicación en acceso abierto, de manera que todos los investigadores cuya actividad había sido financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado, estaban obligados a publicar en acceso abierto- en repositorios- una versión electrónica de los contenidos aceptados para su difusión en publicaciones de investigación tan pronto como resultara posible (en un plazo nunca superior a doce meses). Esta obligación impuesta a los investigadores españoles, supuso un cambio radical en la gestión del conocimiento generado en nuestras Universidades y centros de investigación. La ciencia abierta implica no sólo compartir éstos sino también aquellos que les dan soporte. Por ello, su intercambio entre las distintas comunidades lleva aparejado el fomento de la inteligencia artificial y el internet de las cosas. La razón que justifica compartir los datos desde el punto de vista institucional es la misma por la cual se exige compartir los trabajos de investigación. Los datos que provienen de proyectos financiados con dinero público, también son resultado de la investigación y, por tanto, al igual que los artículos publicados, deben hacerse públicos. El data sharing permitirá obtener un mayor rendimiento del dinero invertido en ciencia. El valor de los bancos de datos como la vía óptima para compartirlos se puede atribuir en la actualidad a los organismos financiadores de la investigación y las editoriales científicas ya que han venido estableciendo políticas de fomento de uso. La política de fomento de datos abiertos de investigación que se sustenta en el acceso abierto debe implicar no solo a las publicaciones científicas sino también a los datos de investigación cuyo potencial debe ser aprovechado por el bien de la ciencia y de la sociedad en general. El objetivo principal de este trabajo es profundizar en la conceptualización y régimen jurídico de los datos de investigación. Para ello, partiendo de un análisis jurídico, se analizan los primeros intentos hacia la reutilización de la información científica -a través de la creación de repositorios y la exigencia de acceso abierto a los datos de investigación- hasta llegar a la situación actual que implica un salto cualitativo: el paso del acceso abierto de las publicaciones científicas al acceso abierto de los datos de investigación. Tras ello se realiza un análisis exhaustivo sobre los datos de investigación generados por la comunidad científica constatando el hecho de que la distinción entre información del sector público y datos de investigación financiados con fondos públicos, no es clara. Estamos ante un trabajo en el que se continúa la línea relativa al estudio de las TICs en el sector público y que supone un progreso en la organización de un campo científico poco estructurado.

2018, García Saura, Pilar Juana, Derecho Administrativo

El capítulo forma parte de una obra de referencia en la materia ya que desde la publicación en 1994 del libro Las cooperativas de enseñanza en España, no había visto la luz una obra dedicada a las cooperativas de enseñanza. En ella se trata el marco general del cooperativismo de enseñanza y sus relaciones con la administración educativa, haciendo especial hincapié en ciertas protecciones especiales que afectan a la enseñanza y no tenidas en cuenta hasta este momento y que hoy día tienen gran repercusión social como el régimen jurídico de la calidad educativa y medio ambiente. Nos encontramos, pues ante un estudio inédito que supone un progreso en la organización de un campo científico poco estructurado. Este capítulo analiza la implementación de la calidad y el régimen jurídico medio-ambiental en las cooperativas de enseñanza haciendo una especial profundización sobre las normas existentes relativas a garantizar la calidad educativa y el respeto al medio ambiente en todas las fases de la enseñanza. Ello permite un avance continuo para cubrir las necesidades de los estudiantes y de la sociedad, creando un sistema válido para todo tipo de educación y en cualquier entorno nacional o internacional. El trabajo plantea –e intenta resolver- cuestiones clave sobre este tema como es si el control de la calidad en la educación puede o no garantizar totalmente la calidad académica, el régimen jurídico-medioambiental aplicable y los problemas jurídicos que sobre estas cuestiones se plantean en las cooperativas de enseñanza.

2022, García Saura, Pilar Juana, Derecho Administrativo

En este artículo se analiza la actividad inspectora automatizada —ya vigente en algún ámbito de la Administración— y los retos jurídicos que se están planteando con especial referencia al ámbito de las viviendas de uso turístico. Se profundiza en las actuaciones automatizadas y la figura del inspector robot o scraper en la Administración turística poniendo de manifiesto los retos jurídicos que se plantean

2014, García Saura, Pilar Juana

Las administraciones públicas, como consecuencia de su actividad, disponen de un gran volumen de información que puede ser valiosa para el mercado. Hoy en día, la transparencia, la responsabilidad y la reutilización se han convertido en temas principales. Los datos públicos pueden ser una fuente de riqueza generadora de nuevos servicios para los ciudadanos. En este trabajo intentamos acercarnos al análisis de la reutilización de información en el sector turístico. Teniendo en cuenta que la actividad turística es una de las mayores fuentes de empleo en el mundo y especialmente en nuestro país, la administración turística, en el ejercicio de su actividad, genera gran cantidad de información que podría ser utilizada comercialmente. Analizaremos la situación en Europa y en España tras la trasposición de la Directiva Europea y la situación del sector infomediario en nuestro país cuyas empresas elaboran aplicaciones y productos sobre la información abierta que ofrecen las Administraciones Públicas.

2019, García Saura, Pilar Juana, Derecho Administrativo

El capítulo tiene por objeto el análisis de la problemática jurídica asociada a la bonificación de la eficiencia medioambiental del operador económico a través de una de las principales novedades de la Ley de Contratos del Sector Público: el coste del ciclo de vida. El ciclo de vida se introduce como elemento de valoración de las ofertas vinculado a la inclusión de criterios medioambientales. La importancia de este reciente trabajo radica en la inexistencia de publicaciones previas al respecto, lo que ha obligado a realizar una construcción jurídica en torno a una regulación breve, acometiendo su encaje en el ordenamiento jurídico, razón por la que el mismo constituye un claro avance en un campo científico poco estructurado y con una proyección científica hasta entonces inédita. Las decisiones en materia de contratación pública se han venido adoptando con frecuencia sobre la base única del precio de compra. No obstante, el tener en cuenta los costes del ciclo de vida en la contratación pública, resulta muy recomendable desde el punto de vista económico y por supuesto, medioambiental. La valoración del CCV resulta fundamental para el logro de la tan ansiada corresponsabilidad pero el problema más acuciante hoy día es, la determinación del modo de cálculo efectivo del CCV en relación a la adjudicación de contratos públicos donde se atiende al criterio “coste – eficacia” (o “coste- rendimiento”) para la elección de la mejor oferta. Las administraciones públicas pueden potenciar su capacidad de influencia en los ámbitos económico, social y medioambiental. Como sabemos, la sostenibilidad ecológica no debe ser una responsabilidad exclusiva del sector público: resulta fundamental el fomento de la corresponsabilidad de las distintas empresas que participan en el procedimiento de contratación. En este capítulo se analiza la bonificación de la eficiencia medioambiental del operador económico a través del coste del ciclo de vida. Para ello se comienza analizando el concepto de Coste de Ciclo de vida, su evolución a lo largo de las distintas normativas que se han ido sucediendo desde su nacimiento en EEUU y su posterior asunción Europea hasta su recepción por la Ley de Contratos del Sector Público en nuestro país y los importantísimos beneficios medioambientales y económicos que su consideración comporta. Tras ello, se lleva a cabo una indagación sobre la aplicación práctica del CCV, los problemas que ésta comporta y las normas y proyectos internacionales existentes para la certificación del análisis y cálculo/análisis del coste. Para ello, se consideran cuestiones tales como: modo de obtención de datos objetivos, forma de recoger en los pliegos los aspectos técnicos ofertados en importes económicos, peligro existente real de valoración por duplicado de los costes de externalidades medioambientales y finalmente dos desafíos que la complejidad del cálculo del CCV puede provocar: aumento de los importes de licitación y mayor volumen de procedimientos desiertos

2010, García Saura, Pilar Juana

Se ha demostrado que las nuevas modalidades de turismo que tienen al medio natural como protagonista pueden servir de catalizador para el desarrollo sostenible. La carencia de una legislación al respecto que asegure la conservación del entorno natural, proteja a los usuarios de los riesgos inherentes en la práctica deportiva y permita la consolidación de una estructura empresarial mínima, se muestra como el principal problema de futuro en este sector. Es imprescindible, por las razones expuestas, la formulación por los poderes públicos de una política global para las zonas rurales en las que lo turístico se encuentre ligado a la protección de territorio.

2002, García Saura, Pilar Juana

2020, García Saura, Pilar Juana, Derecho Administrativo

Este capítulo forma parte de una obra de referencia en materia de Derecho del deporte y del entretenimiento. El capítulo sometido a evaluación tiene por objeto el análisis jurídico de la nueva realidad de los e-sports y su problemática asociada. Se analiza concienzudamente esta nueva realidad deportiva que ha surgido en la sociedad digital en la que vivimos, producto de la revolución tecnológica y que está planteando nuevos retos para el Derecho. La novedad de la propia actividad hace que este capítulo sea innovador desde el punto de vista jurídico ya que no existe jurisprudencia y legislación al respecto. Los e-sports suponen actualmente una industria popular compleja, en continua evolución en la que se implican facetas tan distintas como producción, distribución, deporte electrónico, licencias, difusión, financiación, educación, etc.. La interacción entre todos estos factores hace necesario la creación de un marco de regulación para propiciar la evolución de esta industria que genera millones de empleos. Sin embargo, al introducirnos en el ámbito internacional, en el que se inscribe esta industria y los principios jurídicos del mundo de los e-sports, la tarea resulta complicada dada la complejidad de la técnica para creación de e-sport, de la que se deriva la dificultad de encajar el trabajo en el sector con el régimen laboral, teniendo en cuenta que el sector administrativo opera habitualmente con productos más tangibles se hace compleja la sintonía con algo más intangible como la creatividad incuestionable, y riqueza creativa, baluarte de la industria de los e-sports. Ante la originalidad y singularidad de los e-sports se debe poner de relieve la existencia de controversia sobre su consideración como actividad deportiva y, en consecuencia, el planteamiento de un gran debate doctrinal que en la actualidad se hace imprescindible. Partiendo de la idea de e-Sport, este trabajo trata, en primer lugar, de constatar si la actividad que se implica en los e-sports reúne los requisitos necesarios para ser reconocida como modalidad deportiva y por tanto pueda ser incluida como una modalidad del ámbito del deporte para, a continuación, analizar e interpretar la legislación general lo que permitiría poder incluir los e-sports en el ámbito de la legislación vigente y también su posible reconocimiento como modalidad deportiva al tiempo que obtener el conocimiento de su funcionamiento, factores implicados y trascendencia económica de esta novedosa actividad.

2019, García Saura, Pilar Juana, Derecho Administrativo

Esta monografía aborda estudio de las viviendas de uso turístico desde la perspectiva de la sostenibilidad del turismo, analizando la problemá¬tica que se suscita en torno a las mismas por la aparición en el mercado de unos nuevos actores (plataformas “colaborativas”) –fruto de la transformación digital del sector– que han provocado un crecimiento expo¬nencial y descontrolado de la conversión de viviendas en alojamientos turísti¬cos. Es un estudio novedoso e inédito (obra pionera en materia). En este estudio se analizan los retos e implicaciones jurídicas de las plataformas colaborativas en el alojamiento en un contexto de novedades normativas. Se desarrollan nuevas perspectivas del pensamiento jurídico. El estudio de las implicaciones y retos de las TIC¨S en las Administraciones públicas y el Derecho Administrativo turístico son dos líneas de investigación que la autora ha cultivado desde hace años hasta hoy, avalada por múltiples publicaciones y por la incorporación a distintos proyectos. En la obra se localizan las deficiencias que presenta un mar¬co legislativo no concluido, que está provocando gran litigiosidad en los tri¬bunales- se presta especial atención, como no podía ser de otro modo, a los pronunciamientos jurisprudenciales- además de la existencia de un contexto de alegalidad provocado por la imposibilidad de la Administración de forzar y controlar el cumplimiento de las normas en aquellos lugares donde sí se ha desarrollado un marco re¬gulador de esta actividad. A la propia dificultad de identificación de la oferta y de inspección sobre el cumplimiento de las normas existentes, se ha unido una flagrante falta de colaboración por parte de las principales plataformas, y la consecuencia fundamental es la proliferación de una oferta creciente no reglada de vivienda destinada al uso turístico que amenaza a la sostenibilidad del modelo turístico. Se analiza el encuadre jurídico de la nueva modali¬dad de alojamiento colaborativo –vivienda de uso turístico– y se aborda el papel de las plataformas colaborativas en el ámbito del alojamiento analizándose los modelos colaborativos de alo¬jamiento y su naturaleza jurídica destacando la peculiaridad de constituirse (únicamente) en intermediario. Se analiza el concepto de vivienda de uso turístico en España a partir de la le¬gislación comparada de las distintas Comunidades Autónomas y su problemá¬tica jurídica a partir de la consideración de los distintos pronunciamientos jurisprudenciales que, al respecto, se han ido produciendo. Este estudio pone de relieve el principal problema que comporta este tipo de alojamiento colaborativo: las dificultades de las Administraciones Públicas para hacer cumplir las normas correspondientes tanto a las plataformas como a las viviendas de uso turístico, centrándose en el papel que deben jugar las plataformas, las Administraciones Públicas y más concretamente la Inspección Turística que, para realizar su tarea, en primer lugar, debe obtener información (por distintas vías: colaboración ciudada¬na, cribado de sus propias bases de datos y utilización de modernas técnicas de scraping. Tras lograr información, si la Administración ha detectado un incumplimiento de la normativa, ¿es posible exigir responsabilidad a las plata¬formas? E incluso, ¿es factible un procedimiento de inspección automatizado? En esta monografía se Intenta clarificar todas estas cuestiones jurídicas que consideramos determinan¬tes y de plena actualidad. Bien puede afirmarse que este libro tiene una proyección hasta entonces inédita, toda vez que esta contribución representa, al menos en nuestra opinión, un progreso en la organización de un campo temático poco estructurado, hecho dificultado por la complejidad que representa el hecho de que el urbanismo sea una competencia autonómica.