Browsing by Subject "Derecho administrativo"

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    El acceso a la justicia ambiental a partir del Convenio de Aarhus: propuestas para un acceso efectivo a la justicia en conflictos ambientales
    (Universidad de Murcia, 2018-12-12) Salazar Ortuño, Eduardo; Álvarez Carreño, Santiago M.; Valencia Martín, Germán; Escuela Internacional de Doctorado
    La investigación ha consistido en un recorrido por los fundamentos jurídicos internacionales del acceso a la justicia. Desde su reconocimiento como tercer pilar de la “democracia ambiental” en el Principio Décimo de la Declaración de Río de Janeiro en 1992 hasta su plasmación en el reciente Acuerdo de Escazú en 2018. Sin duda el referente legislativo al que más relevancia se le reconoce es al Convenio de Aarhus, firmado en 1998, y que supuso la primera vez que España y la Unión Europea asumían obligaciones concretas para mejorar el acceso a la justicia ambiental. El trabajo analiza cómo la Unión Europea ha asumido los mandatos del Convenio de Aarhus en su legislación dirigida no sólo a los Estados Miembros sino también a sus propias instituciones. En dicho análisis crítico se exponen las luces y las sombras de un desarrollo normativo incompleto y de una jurisprudencia expansiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se realiza un examen de la incorporación de los derechos y obligaciones del Convenio de Aarhus en España que, en materia de acceso a la justicia, da como resultado una realidad ciertamente insuficiente, como se acredita con casos concretos que han sido denunciados al Comité de Cumplimiento del propio Tratado. La última parte del trabajo supone una evaluación de las principales barreras sustantivas y económicas que se presentan cuando los ciudadanos acuden a los tribunales en la defensa del medio ambiente. Seguidamente, y en base experiencias en otros ordenamientos jurídicos, se presentan una serie de propuestas para superar tales barreras. Los objetivos de la investigación han sido: 1. Poner a disposición de la comunidad científica jurídica un análisis detallado de las condiciones del acceso a la justicia ambiental en el Estado español, tras los avances jurídicos resultado de la ratificación del Convenio de Aarhus por el Reino de España y la propia Unión Europea. 2. Presentar una investigación y una evaluación de las principales barreras que se producen en la práctica de los Tribunales y de los retos que presenta una tutela judicial efectiva de los intereses ambientales. 3. Aportar un catálogo de propuestas provenientes en su mayoría del Derecho Comparado que pudieran convertirse en medidas de lege ferenda. La metodología surge de la exégesis de fuentes del Derecho tales como disposiciones jurídicas y resoluciones de órganos internacionales y nacionales referidas a la protección ambiental y a la garantía de los derechos derivados de tal protección, así como de la lectura crítica de obras de doctrina científica referidas sobre todo a la materia de Derecho Internacional Público, Derecho Administrativo y Derecho Procesal. Dado el reciente interés que despierta la temática de la justicia ambiental derivada del Convenio de Aarhus mucha de las obras consultadas provienen de fuera del Estado español, lo que obliga a consultar bibliografía y jurisprudencia en inglés y en ocasiones, en alemán. De interés resulta la consulta de textos iberoamericanos para la comprensión de los mecanismos procesales avanzados que en materia de procesos colectivos se llevan a cabo en Brasil, Argentina y Chile. La jurisprudencia comentada proviene no sólo de Tribunales nacionales o regionales, sino que se extiende en gran medida a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Corte Europea de Derechos Humanos e incluso las recomendaciones del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus. Entre las conclusiones o resultados podemos destacar la propuesta de medidas tales como el reconocimiento de la “acción popular” en asuntos ambientales, regímenes especiales para la práctica de la prueba, las medidas cautelares, la asistencia jurídica gratuita y las costas del proceso, así como la creación de tribunales ambientales específicos
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    Algunas consideraciones sobre el reconocimiento específico de compatibilidad de determinadas actividades profesionales de empleados públicos locales
    (Murcia: Universidad, 2006) Gutiérrez Llamas, Antonio; Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Derecho Administrativo
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    El concierto educativo como instrumento de garantía de la libertad de enseñanza
    (Universidad de Murcia, 2024-12-20) García Sánchez, Maria Ángeles; Pardo López, Maria Magnolia; Pérez de los Cobos Hernández, Elisa; Escuela Internacional de Doctorado
    El sistema educativo diseñado por nuestra Constitución es un sistema plural, integrado por centros públicos y privados que imparten la enseñanza obligatoria en régimen de gratuidad, con el fin de que los padres puedan elegir, en libertad e igualdad de oportunidades, el modelo de educación que desean para sus hijos. Para hacer efectiva la elección de los padres, la Constitución se ha preocupado de garantizar pluralismo educativo a través del reconocimiento a personas físicas y jurídicas del derecho de creación de centros privados, que implica para sus titulares su derecho de dirección y de dotación de ideario educativo e incorporando un mandato de ayudar a los centros que cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Este deber de ayuda se materializa, a día de hoy en el concierto educativo que se trata de un contrato cuyas prestaciones principales consisten en que la Administración dota a los titulares de centros privados de fondos públicos para su sostenimiento a cambio de que éstos ofrezcan de forma gratuita las enseñanzas objeto del concierto. El objetivo de esta tesis consiste en analizar la figura del concierto educativo con el fin de comprobar si garantiza la libertad de enseñanza de los padres, si les permite elegir en libertad la educación de sus hijos así como si se respeta la libertad de enseñanza del titular del centro, si la suscripción del concierto respeta o limita su derecho de dirección y si el módulo de conciertos resulta suficiente para garantizar la gratuidad de la enseñanza. Ante las limitaciones y deficiencias detectadas en la figura del concierto educativo se plantean propuestas de mejora o de lege ferenda. La metodología seguida ha sido el análisis y comparativa de normativa, estudio de doctrina y jurisprudencia al respecto encontrándonos, a menudo, con muchas dificultades pues en múltiples aspectos no hay unidad doctrinal, la jurisprudencia es contradictoria siendo además frecuente la interposición de recursos de inconstitucionalidad cada vez que se aprueba una nueva ley educativa. De hecho, como se verá, ha resultado fundamental en educación la labor pacificadora que el Tribunal Constitucional ha llevado a cabo. Tras un estudio detallado podemos concluir que el concierto educativo garantiza la libertad de enseñanza de los padres pues les permite elegir, en libertad e igualdad de oportunidades, el modelo de educación que desean para sus hijos. Sin perjuicio de lo anterior a lo largo de esta tesis se ponen de manifiesto las limitaciones en la elección con las que se encuentran los padres derivadas del concierto educativo, así uno de los problemas que se plantea es que algunas convocatorias de ayudas tan importantes como el transporte, comedor o los auxiliares de conversación, en algunas CCAA, tan solo van dirigidas a alumnos escolarizados en centros públicos lo cual vulnera el principio de igualdad y de pluralismo educativo, discriminando a alumnos escolarizados en centros concertados por razón del centro elegido por sus padres. Otro aspecto que puede condicionar la libertad de los padres a la hora de elegir centro educativo depende de la puntuación que otorguen las distintas Administraciones educativas a los criterios de admisión de alumnos ya que la gran mayoría da una puntuación muy alta al criterio de proximidad domiciliaria o laboral convirtiéndolo en determinante, dicha circunstancia hace que la zonificación tenga una gran incidencia a la hora de elegir porque si es excesiva limita mucho la elección de los padres que solo podrán elegir los centros de una zona concreta. Otra posible limitación se produce con la denegación o reducción de un concierto por tratarse de un centro de educación diferenciada. Con el máximo respeto no estamos de acuerdo con la última jurisprudencia del TC que ha considerado legítima la exclusión de financiación a los centros que separan por sexos, creemos que no puede ser discrecional para el legislador el decidir qué modelo excluir de financiación por considerarlo menos correcto incluso por razones políticas o ideológicas a pesar de tratarse de un modelo constitucional, entendemos que el artículo 27.9 CE debe garantizar el pluralismo educativo que permita a las familias elegir en libertad ayudando a los distintos modelos educativos que cumpliendo los requisitos de acceso al concierto opten por un modelo constitucional lo contrario supondrá que solo podrán elegir educación diferenciada las familias con recursos económicos pues lo paradójico es que no se prohíbe el modelo en sí sino su acceso a financiación pública. Desde el punto de vista del titular del centro privado el concierto también garantiza su libertad de enseñanza pues le permite ofrecer la enseñanza que imparte, con un ideario concreto, con una orientación determinada, en condiciones de gratuidad permitiendo a los padres elegir el modelo de educación que desean para sus hijos sin discriminación económica. No obstante lo anterior la suscripción del concierto supone para su titular limitaciones en su derecho de dirección y su asimilación en muchos aspectos a centros públicos a lo que se une la insuficiencia económica del módulo de conciertos que no garantiza la gratuidad de la enseñanza y sin embargo a él si se le prohíbe cobrar cantidad alguna a las familias por la impartición de las enseñanzas objeto del concierto, lo cual resulta una carga desproporcionada. Sin perjuicio de lo anterior, y a pesar de sus deficiencias, podemos concluir que el concierto, analizadas también otras fórmulas de financiación, es el mejor instrumento para garantizar la libertad de enseñanza del titular del centro y de los padres.
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    La costumbre en el ordenamiento jurídico. La integración de las lagunas legales
    (Murcia: Universidad, 2002) Montoro Ballesteros, Alberto
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    El expediente judicial electrónico
    (Universidad de Murcia, 2018-02-23) Cerdá Meseguer, Juan Ignacio; Valero Torrijos, Julian; Facultad de Derecho
    La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a las Administraciones Públicas ha venido a modificar la actuación de estas y, en consecuencia, la forma en que el ciudadano ha de proceder y relacionarse con ellas. El trabajo de investigación realizado se centra en la novedad que representa la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, su incorporación al proceso judicial mediante la implantación del expediente judicial electrónico y, en última instancia, en los efectos que la imposición legal a los operadores jurídicos, - principalmente Jueces y Abogados-, de relacionarse con esta Administración por medios electrónicos ha supuesto para ellos; así como de la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a relacionarse con ella también utilizando estos medios. Se está produciendo un cambio paradigmático en la Administración de Justicia cuyo alcance y consecuencias ofrecen un interesante campo de estudio y cuyas posibilidades, en el estado actual en que se encuentra dicho cambio, van más allá de las puramente teóricas ya que las mismas afectan tanto a la esfera normativa, con una gran profusión de leyes y normas de distintos rangos, como al propio ejercicio de los derechos por parte del ciudadano y a la forma y modo de trabajo de los distintos operadores jurídicos. El trabajo consta de una introducción en la que se expone la determinación y justificación del objeto de estudio, los objetivos del mismo y la metodología empleada, seis capítulos y finalmente se establecen las conclusiones alcanzadas. En el capítulo I se analiza la importancia de las tecnologías en la sociedad actual y su incorporación a las Administraciones Públicas, y en especial a la Administración de Justicia, delimitándose las competencias de las distintas Administraciones en esta materia. El capítulo II se centra en el análisis del estado de la Administración de Justicia previo a la reforma que se está llevando a cabo en la misma, de su estructura arcaica y de la necesidad de una reforma integral tanto a nivel funcional como estructural, centrándonos para ello en la Nueva Oficina Judicial y su actual diseño parta trabajar con el expediente judicial electrónico. El capítulo III se aborda el análisis de las principales premisas técnicas para que la implantación del expediente judicial electrónico pueda ser efectiva, analizando la necesaria interoperabilidad, así como la firma electrónica y refiriéndonos también a otras herramientas que sirven al expediente judicial electrónico como el Punto Neutro Judicial. En el capítulo IV se estudia el expediente judicial electrónico, su regulación en la LUTICAJ, así como la gestión documental, el documento electrónico, el archivo electrónico y las notificaciones electrónicas con especial referencia al sistema LexNET. Por su parte, en el capítulo V se aborda el análisis del derecho de acceso de los ciudadanos al expediente judicial electrónico y las consecuencias que una deficiente regulación del mismo puede tener sobre otros ciudadanos, sobre la protección de datos de carácter personal y sobre la figura del Abogado. Finalmente, e el capítulo VI se dedica al análisis de las consecuencias que el acceso a los expedientes por parte de los órganos judiciales, sin limitación alguna, puede tener sobre su imparcialidad; analizándose también la figura del Abogado frente a estos nuevos retos y problemas que se le presentan con como consecuencia de esta nueva forma de gestión. Los objetivos pretendidos son: Analizar la Administración de Justicia y su evolución hasta la Nueva Oficina Judicial; analizar las principales normas jurídicas que regulan el uso de las TIC en la Administración de Justicia, con especial referencia a la Ley 18/2011, de 5 de Julio, Reguladora del Uso del las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia; abordar el estudio del expediente judicial electrónico, como pieza básica en la modernización de la Justicia, así como de las premisas técnicas y herramientas necesarias para su puesta en marcha y su plena efectividad; Plantear diferentes aspectos que el derecho de acceso al expediente judicial electrónico por parte del ciudadano y del Juez, pueden resultar relevantes por incidir en los derechos de las partes en el proceso y con respecto a la figura del Abogado como garante de la confidencialidad y seguridad jurídica; y plantear los problemas éticos y deontológicos que pueden derivarse de ese derecho de acceso al expediente judicial electrónico por parte del ciudadano con respecto al Abogado y que pueden incidir en su trabajo. La metodología empleada ha sido teórico-práctica ya que se han combinado tanto elementos dogmáticos como empíricos para la consecución de los objetivos propuestos, mediante el estudio y análisis de la doctrina y de las principales normas reguladoras de las TIC o relacionadas con estas en nuestro Ordenamiento Jurídico, buscando una finalidad eminentemente práctica, tratando de detectar posibles problemas, incidencias o disfunciones, que se pueden plantear. Términos TESAURO: Administración de Justicia, Internet, Administración electrónica, expediente judicial The incorporation of Information and Communication Technologies (ICT) to the public Administrations has modified their actions and, consequently, the way in which the citizen has to proceed and deal with them. The research carried out focuses on the novelty of the use of ICT in the Administration of Justice, its incorporation into the judicial process through the implementation of the electronic judicial file and, ultimately, on the effects that the legal imposition on legal operators -mainly Judges and Lawyers- in relation to this Administration by electronic means has meant for them; as well as the possibility that citizens can access to interact with the Administration using also these means. A paradigmatic shift is taking place in the Administration of Justice whose scope and consequences offer an interesting field of study and whose possibilities, in the current state of that change, go beyond the purely theoretical ones. These possibilities affect both the normative sphere -with a great profusion of laws and norms of different ranks- and the own exercise of the rights by the citizen and to the form and way of work of the different legal operators. Through the six chapters of this dissertation we will deal with an introduction, which sets out the determination and justification of the object of study, the objectives, the methodology used and, finally, the conclusions reached will be presented. Chapter I discusses the importance of technologies in today's society and their incorporation to the Public Administrations, and especially to the Administration of Justice, delimiting the competences of the different Administrations in this matter. Chapter II focuses on the analysis of the state of the Administration of Justice prior to the reform being carried out within it, its archaic structure and the need for a comprehensive reform both at functional and structural level, focusing on this in the New Judicial Office and its current design to work with the electronic judicial file. Chapter III deals with the analysis of the main technical premises so that the implementation of the electronic judicial file can be effective, analyzing the necessary interoperability, as well as the electronic signature and referring also to other tools that serve the electronic judicial file like the Neutral Judicial Common Point. Chapter IV examines the electronic judicial file, its regulation in the LUTICAJ, as well as the document management, the electronic document, the electronic file and the electronic notifications with special reference to the LexNET system. In addition, Chapter V addresses the analysis of citizens' right of access to the electronic judicial file and the consequences that it poor regulation may have on other citizens, on the protection of personal data and on the figure of the Lawyer. Finally, chapter VI deals with the analysis of the consequences that access to the files by the judicial bodies, without limitation, can have on their impartiality; analyzing also the figure of the lawyer facing these new challenges and problems that arise as a result of this new form of management. The objectives are: to analyze the Administration of Justice and its evolution to the New Judicial Office; to analyze the main legal norms that regulate the use of ICT in the Administration of Justice with special reference to Law 18/2011 of July 5, which regulates the Use of Information and Communication Technologies in the Administration of Justice (LUTICAJ); to examine the study of the electronic judicial file, as a basic piece in the modernization of Justice, as well as the technical premises and tools necessary for its implementation and its full effectiveness; to posit different aspects that the right of access to the electronic judicial file by the citizen and the Judge may be relevant, these affect the rights of the parties in the process and the figure of the lawyer as a guarantee of confidentiality and legal certainty; to raise the ethical and deontological problems that can derive from that right of access to the electronic judicial file by the citizen with respect to the Lawyer and that can affect his work. The methodology used has been theoretical-practical since both dogmatic and empirical elements have been combined to achieve the proposed objectives, through the study and analysis of the doctrine and the main norms regulating ICT or related to them in our legal system, seeking an eminently practical purpose, trying to detect possible problems that can arise (incidences or dysfunctions). Thesaurus: Administration of Justice, Internet, Electronic Government, Judicial File
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    El futuro del Big Data en el ámbito sanitario : las claves jurídicas del tratamiento de los datos de la salud
    (Universidad de Murcia, 2021-10-26) Latorre Luna, Leticia; Valero Torrijos, Julián; Pardo López, María Magnolia; Escuela Internacional de Doctorado
    Es un hecho evidente que la escritura, en especial, los textos clásicos y artículos científicos han sido y son fuentes principales de conocimiento e información y que, en parte, gracias a ellos la humanidad ha ido evolucionando a lo largo de la Historia. Sin embargo, en la nueva era digital y con la conectividad global a través de las nuevas tecnologías y del Internet de las Cosas, los datos personales se han convertido también en grandes fuentes de conocimiento e información, en especial los datos de salud, pues consta acreditado que si los grandes volúmenes de datos sanitarios son recogidos, procesados y analizados por medio de la aplicación de herramientas big data de los mismos se puede sustraer información y conocimiento veraz y de gran valor en el ámbito sanitario y de la investigación biomédica, entre otros. En concreto, los datos sanitarios, tras ser analizados por medio de algoritmos con la aplicación de tecnologías big data, aportan conocimiento e información de gran valor que coopera a que el sector sanitario evolucione de manera eficaz y proactiva adelantándose a las enfermedades, encaminándose hacía una medicina predictiva, precisa, personalizada y de calidad. De igual modo, el big data gestiona a gran velocidad grandes volúmenes de datos, incluso no estructurados y, asimismo, permite crear modelos predictivos que sirven como base a los diferentes actores sanitarios en la toma de decisiones. En síntesis, el big data ofrece ventajas y beneficios en el sector de la asistencia sanitaria y de la investigación biomédica, entre las que cabe destacar: el seguimiento de pacientes crónicos, la investigación genómicas, mejora de atención personalizada, operativa clínica, medicina personalizada, autopsias virtuales, monitorización remota de pacientes, mejoras en los procesos médicos y, más recientemente está siendo de gran utilidad en la investigaciones llevadas a cabo para combatir la crisis de la COVID-19, entre otros. En este sentido, a pesar de que la vigente normativa europea de protección de datos le otorga una especial regulación a los datos de salud conforme a ciertas garantías, sin embargo, el RGPD, aun cuando establece ciertas singularidades para el tratamiento de datos en el ámbito de la salud, sin embargo utiliza conceptos de cierta ambigüedad y, asimismo, se basa en el establecimiento de principios generales cuya aplicación práctica en el caso concreto puede resultar problemática, en particular en el ámbito sanitario. Por ello, en el presente trabajo se defiende la necesidad de una ley sectorial sobre protección de datos de salud y del big data sanitario, como herramienta eficaz y eficiente para poner en valor todo el conocimiento que podría obtenerse a partir de los datos sanitarios, donde se regule, por un lado, la protección de datos de salud de manera específica a fin de garantizar un tratamiento lícito de los datos de salud salvaguardando a su vez el derecho de protección de datos del titular. Por otro lado, se contemple en su articulado las medidas y garantías que deben respetar los desarrolladores de proyectos de salud pública e investigación biomédica y farmacéutica de interés general que apliquen tecnologías big data, que deberán implantar desde el diseño del proyecto a los efectos de afianzar la confianza de los titulares de los datos y asegurar el respeto de sus derechos.
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    La incidencia del alcohol y otras drogas en la seguridad vial : un estudio criminológico en la ciudad de Santander durante el año 2020
    (Universidad de Murcia, 2023-07-20) Marcos Ortiz, Iván; Muñoz Ruiz, Josefa; Osuna Carrillo de Albornoz, Eduardo; Escuela Internacional de Doctorado
    Esta tesis doctoral aborda el problema de las sustancias psicoactivas en el ámbito de la seguridad vial. La auténtica complejidad del asunto exige aplicar un enfoque transversal que involucre distintas disciplinas a fin de obtener una visión global. Con este propósito, se presenta un estudio dividido en dos partes claramente diferenciadas. Una primera, compuesta por un marco teórico desde el cuál se revisan las cuestiones generales del consumo de sustancias psicoactivas, su toxicocinética y toxicodinamia en el organismo humano, influencia en la conducción de vehículos, así como la relevancia jurídica de este tipo de sustancias en la seguridad vial. En segundo lugar, se plantea un estudio criminológico desarrollado durante el año 2020 en la ciudad de Santander, un emplazamiento donde su población se ve duplicada durante la época estival, con el correspondiente incremento de desplazamientos, especialmente de entrada y salida de la ciudad. El objetivo de este estudio empírico, dada la carencia de información precisa disponible, es arrojar luz sobre algunas de las principales cuestiones relacionadas con la actualidad vial de estas sustancias psicoactivas, de acuerdo con las características propias de la ciudad de Santander, en la búsqueda de una mejor comprensión de la magnitud del problema y su alcance (distribución, tipología de drogas más frecuentes, identificación de patrones y perfiles sociodemográficos de los conductores infractores, etc.). Para concluir, se plantea el examen de los resultados obtenidos, que permitirá evaluar con mayor detalle las limitaciones observadas durante el estudio, así como la revisión e implementación de alguna de las mejoras extraídas del mismo.
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    Jurisprudencia contencioso-administrativa.
    (Murcia: Universidad, 1982) Martínez-Useros Mateos, J. E.
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    Manera de galardón : merced pecuniaria y extranjería en el siglo XVII
    (2013) Sandoval Parra, Victoria; Álvarez Cora, Enrique; Ruiz Ibáñez, José Javier; Facultad de Derecho
    La merced es una institución jurídica situada tradicionalmente en una frontera entre la manifestación de la voluntad política del rey y la manifestación de su voluntad jurídica. Durante la Edad Moderna, a raíz de la construcción de una maquinaria burocrática caracterizada por el sistema de Consejos, la merced se articula en virtud de un procedimiento administrativo caracterizado por una regularización jurídica que la constituye como una forma de expresión, paralela y próxima a la administración de justicia, de la decisión del soberano. La merced es una vía de gobierno que además resultamente extremadamente útil para la defensa de los intereses políticos y religiosos de la Monarquía católica en su funcionamiento exterior. Este trabajo pretende analizar concretamente, además de la dimensión conceptual de la institución, los distintos aspectos del funcionamiento práctico de la merced, atendiendo a una naturaleza y a un problema concreto: la naturaleza fundamentalmente pecuniaria de las mercedes concedidas a los extranjeros, y el problema de la acogida de aquellos expatriados que buscan el amparo de la Monarquía católica por razones de distinto cariz, pero fundamentalmente religiosas, fundamentalmente en la primera mitad del siglo XVII. “Merced”, favor is a juridical institution traditionally situated across from manifestation of the political authority of the King and his legal authority. During Modern Age, conformed the construction of a bureaucratic machine, it characterized by the “Consejos”, favor is articulated to a juridical regulation that constitutes it like a expression form, parallel and close to the administration of justice, according to the decision of sovereign. Favor is a government way that also is useful for the defense of political and religious interests of Catholic Monarchy in its foreign operating. This research expects to analyze specifically, as well the conceptual dimension of institution, various aspects of the practice operating of favor, following a nature and a concrete problem: nature especially pecuniary of favors conceded to foreigners, and the problem of the reception of those expatriates that seek the protection of Catholic Monarchy for different reasons, religious fundamentally, mainly in the first half of seventeenth century. PALABRAS CLAVE / KEY WORDS. Merced pecuniaria. Monarquía hispánica. Consejo de Estado. Extranjeros. Pecuniary favor. Hispanic Monarchy. “Consejo de Estado”. Foreigners.
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    El poder del derecho o el derecho del poder: las consecuencias en el derecho administrativo y en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
    (Universidad de Murcia, 2024-03-15) Villalba Lava, Mercenario; Esteve Pardo, José; Escuela Internacional de Doctorado
    OBJETIVOS DE LA TESIS La tesis doctoral pretende analizar el Derecho dentro de su función civilizadora y responder a la cuestión de si es razón o voluntad. Las peculiares características del Derecho Administrativo ¿pueden afectar a la propia naturaleza del Derecho a la vista de su propia idiosincrasia y a la expansión que tiene en la actualidad? o ¿resulta conveniente que las controversias con la Administración se resuelvan ante unos mismos Tribunales que las propiamente civiles? Se plantea la cuestión de cómo la jurisdicción Administrativa puede afectar a la separación de poderes del Estado y al pleno control judicial del poder público. METODOLOGÍA La historia no solo sirve para conocer el pasado sino el presente y constituye una manera de aventurarse sobre el futuro En la tesis doctoral se considera que el Derecho Administrativo se encuentra dentro de la evolución del Derecho y no puede abstraerse de la realidad a que se refiere. Se analiza el modelo de Derecho Administrativo Continental para responder a las cuestiones referentes al desarrollo de la economía, la estabilidad política y las libertades. Se estudian los derechos humanos de la Escuela Ibérica y los actuales derivados del concepto de derecho subjetivo. RESULTADOS O CONCLUSIONES El método heterocompositivo de resolución de los conflictos es el camino que ha usado la sociedad para alcanzar y desarrollar la civilización pero el desgajamiento del aspecto procesal hacia el derecho subjetivo atribuye un protagonismo al poder público innecesario y peligroso. La experiencia ha acreditado que la sociedades estables no son aquellas en las que los derechos derivan de la ley o de una Constitución elaborada sobre la base de movimientos revolucionarios sino aquellas en que la convivencia es fruto de una evolución basada en las costumbres jurídicas y políticas. La no admisión a trámite de los recursos por vulneración de los derechos humanos por parte del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la mera mención del precepto que lo permite es contraria al concepto de derechos humanos, poniendo de manifiesto la inestable base del derecho subjetivo en que se basa. No es admisible que el Derecho Público vaya progresivamente invadiendo el tradicional campo del Privado. El Derecho Administrativo es el de la organización, subordinación y verticalismo, lo que tiene trascendencia en la creciente importancia que se otorga a la organización. En materia Administrativa debe suceder con los conceptos jurídicos indeterminados lo mismo que en el resto de materias, que son establecidos por el juez sin ningún tipo de cortapisas. Unas vez aprobada la Constitución, todos los órganos se encuentran igualmente sometidos a las normas jurídicas. Se dice que en el Estado de Derecho, este controla al poder político pero si es creado por su voluntad, en realidad, no se trata sino de una tautología. Tanto la ley como el reglamento se centran en un aspecto de la realidad pero hacen abstracción del resto, lo que no sucede con la jurisprudencia que la contempla en su totalidad. La “infancia difícil” del Derecho Administrativo ( francesa ) dio lugar a una adolescencia convulsa y peligrosa (alemana) y a una madurez insatisfactoria con declaraciones de inadmisibilidad por falta de jurisdicción; autoejecución de las sentencias ( en España que no en Portugal) ; con relación al objeto del proceso; la previsión legal de un excesivo número de recursos administrativos; el tratamiento que se otorga al Derecho Parlamentario; y a Tribunales Administrativos con perspectiva objetiva de control de la Administración más que la subjetiva, característica de la jurisdicción.
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    Las sanciones administrativas en la ciudad inteligente: innovación tecnológica y potestad sancionadora en nuevos entornos urbanos
    (Universidad de Murcia, 2024-07-16) Egea Villalba, David; Fernández Salmerón, Manuel; Valero Torrijos, Julián; Escuela Internacional de Doctorado
    El proceso de modernización tecnológica que estamos experimentando en los últimos años está impulsando grandes transformaciones en la Administración pública en todos sus ámbitos de actuación. A nivel local, la implantación de estas tecnologías ha creado nuevos entornos urbanos con la proliferación de proyectos e iniciativas de ciudades inteligentes, que permiten alcanzar grandes avances en cuanto a la agilización de trámites y la optimización de servicios públicos. Ahora bien, cuando se trata del ejercicio de potestades de sometimiento a control de actividades y conductas de los ciudadanos y de la represión de las eventuales infracciones —con la incorporación de sistemas automatizados y de herramientas de inteligencia artificial— nos encontramos con el riesgo de instaurar un sistema de vigilancia y represión potencialmente perfecto. Este control basado en tecnologías algorítmicas presenta numerosos retos que tienen, cabalmente, un impacto relevante sobre la posición jurídica de los ciudadanos, lo que exige prestar atención a los derechos y a las garantías exigibles para el ejercicio de esta grave potestad en este nuevo escenario. Tradicionalmente, las garantías para el ejercicio de la potestad sancionadora se habían venido materializando por conducto del procedimiento sancionador. Sin embargo, estos avances tecnológicos, que permiten reforzar aspectos relevantes para el ejercicio de esta potestad -como son la acreditación del hecho investigado y de la identidad del sujeto responsable-, en muy buena medida, transforman y desbordan el papel garantista del procedimiento sancionador que, de esta forma, se ve debilitado e incluso superado, llevándonos, en muchos casos, hacia una sanción tecnológica de plano. Tal debilitamiento del procedimiento administrativo sancionador como garantía, al pasar su importancia a un segundo plano, se ve aún más devaluado por la jurisprudencia que, tradicionalmente, ha venido a reducir el alcance invalidante de los defectos procedimentales en el ejercicio de esta potestad. A ello debe añadirse la plena incidencia de la normativa de protección de datos de carácter personal y del fenómeno de la externalización de importantes aspectos del ejercicio de la potestad sancionadora y el consiguiente protagonismo del sector privado. El trabajo realiza una serie de propuestas dirigidas a mantener las necesarias garantías exigibles en este nuevo escenario sobre la base de varios ejes que se centran en los hitos necesarios para su implantación, en el control de su diseño, en la corrección de su funcionamiento, así como en el alcance de los incumplimientos en que se pueda incurrir por parte de la Administración sobre la validez de los actos resultantes y del propio sistema. Finalmente se presta especial atención a la proyección de estas tecnologías en la tramitación de un expediente sancionador teniendo en cuenta las singularidades de la ciudad inteligente.
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    Sobre algunos aspectos del derecho administrativo de la iglesia
    (Murcia: Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1967) López Alarcón, Mariano
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    Terrorismo y responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas
    (Murcia: Universidad, 2006) Soro Mateo, Blanca; Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Derecho Administrativo
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    Tres pleitos sobre murallas y algunas notas para su estudio histórico-jurídico.
    (Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 1931) Fernández de Velasco Calvo, Recaredo; Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU
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    El uso de medios electrónicos como garantía y oportunidad de una contratación pública eficiente, planificada, transparente e íntegra
    (Universidad de Murcia, 2021-05-26) Sánchez García, Alfonso; Valero Torrijos, Julián; Escuela Internacional de Doctorado
    Esta tesis doctoral efectúa una propuesta para avanzar hacia la consecución de dinámicas de funcionamiento inteligentes y estratégicas del sector público en el ámbito de su actividad contractual. Su planteamiento parte de las premisas de implementación de instrumentos de contratación pública electrónica, generación de información del mercado de la contratación pública en formato abierto, identificación de los principales sistemas de estructuración de información y de su reutilización mediante programas de big data. En dicho contexto se analizan los elementos, requerimientos y condiciones jurídicas a tener en cuenta, especialmente desde una perspectiva española y europea, para que la utilización de la tecnología no se limite a una mera innovación instrumental. Desde estas premisas se ofrecen instrumentos jurídicos que permitan superar los procedimientos y modelos de contratación menos transparentes y, particularmente, apostar por un modelo más compacto, eficiente e íntegro de gestión de la contratación pública a partir de su transformación digital.